APP para escuelas, hospitales y bibliotecas

February 16, 2016

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Published in General News

Las Asociaciones Público Privadas APP no sólo servirán para obras de transporte. Se adjudicarán contratos de infraestructura para salud, educación, cultura y justicia.  

Foro ‘La evolución de las APP en Colombia: alcances y retos’
Fecha: 10 de febrero de 2016.
Lugar: Universidad de los Andes.
Organizó: Facultad de Administración, Facultad de Derecho, Facultad de Ingeniería, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo, y la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes.

El esquema de las Asociaciones Público Privadas (APP), que ha permitido al país hacer las inversiones más grandes de su historia en obras para transporte, ahora será la forma como el Gobierno Nacional y las empresas construirán infraestructura social en sectores como la educación, la salud, la cultura y la justicia.

“En el programa de APP no sólo estamos hablando de infraestructura de transporte. Estamos hablando de una gran gama de proyectos que pueden incluir nuevas aulas escolares. Con el sector privado como inversionista, se pueden construir más aulas de las que podíamos hacer exclusivamente con los recursos del Gobierno Nacional. Lo mismo para las cárceles, los hospitales, etc.”, afirmó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el pasado miércoles 10 de febrero en la Universidad de los Andes.

A su turno, el director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria, enumeró algunos de los proyectos que se adelantan con este esquema: “Con el Ministerio de Cultura estamos tratando de sacar las primeras APP para museos, donde podemos lograr una gran inversión privada para mejorar la calidad del servicio que reciben los ciudadanos”.

Gaviria también anunció “un paquete de bibliotecas públicas en Boyacá; la primera APP de acueducto y alcantarillado del país la estamos diseñando para resolver los problemas de Santa Marta; los primeros colegios por APP en Soacha e Ibagué; el primer ejercicio de infraestructura hospitalaria lo vamos a hacer en Soledad, Atlántico” y cárceles para Uramita (Antioquia), Puerto Asís (Putumayo) o Barrancabermeja (Santander)”.

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, también se refirió a obras sociales que el Distrito haría por medio de Asociaciones Público Privadas: “Queremos avanzar en la planta de tratamiento de los ríos Tunjuelo y Fucha. Estructurar una pequeña sobretasa a la tarifa de agua y con eso hacer una APP que cubra, en un proyecto con la CAR, el costo de la primera fase de la Planta de Canoas, un proyecto que cuesta unos 800 o 900 millones de dólares”.

Peñalosa también afirmó que su equipo estudia la posibilidad de hacer hospitales por APP. “Los haría la EPS semi-distrital, Capital Salud, a la que se le adjudicarían unas UPC (Unidad de Pago por Capitación, dinero que reciben del sistema las EPS por cada afiliado al año)”.

Las APP han permitido al país priorizar mejor sus proyectos de infraestructura, hacer concesiones más transparentes y con menores riesgos financieros. Es decir, menos escándalos por demoras y sobrecostos. Y los últimos beneficiados serían los colombianos: al aprovechar mejor el músculo financiero del sector privado y solicitar menores vigencias futuras del Gobierno, es posible financiar más y mejores obras públicas.

En los últimos dos años, Colombia pasó al quinto lugar de América Latina en capacidad para desarrollar estas asociaciones. El programa de carreteras por concesión, de más de 22 billones de dólares, es el cuarto más grande del mundo en inversión privada para infraestructura pública, según el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.

Todo esto, por supuesto, es posible gracias a que primero se cimentaron unas bases legislativas sólidas. El Gobierno Nacional se tomó casi toda la primera administración para poder lanzar este gran programa: se transformó la Agencia Nacional de Infraestructura, se fortaleció la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, se expidió la Ley de APP del 2002, la Ley de Infraestructura en el 2013, se creó la Financiera de Desarrollo Nacional y a la ANI le tomó tres años de trabajo para estandarizar el contrato 4G.

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