Recientemente tuve la oportunidad de leer el capítulo de un libro muy interesante que indagaba sobre la fuerte y compleja relación entre construcción de la paz, el crecimiento económico y la globalización. Según académicos y policymakers, uno de los elementos esenciales para superar los conflictos armados ha sido la mejora socioeconómica de los afectados por las hostilidades y la reintegración de los excombatientes. Siguiendo este paradigma, el sector privado está llamado a desempeñar un papel clave en los procesos de consolidación de la paz. El caso de colombiano no es la excepción. El desarrollo económico fue parte fundamental durante los diálogos que llevaron al acuerdo de paz e impregna el acuerdo final, con especial énfasis en el desarrollo agrícola. Por lo tanto, se nos ha vendido la idea de que el dividendo de la paz mejorará los indicadores económicos del país y por defecto, traerá prosperidad social. Sin embargo, no podemos idealizar la mejora económica local y nacional sin evaluar la posición vulnerable de Colombia en los sistemas globales y cómo la globalización impacta las dinámicas de construcción de paz. El acuerdo firmado entre la guerrilla de las FARC y el Estado fue concebido con el apoyo de la comunidad internacional. Las formas de cooperación multilateral y bilateral evidencian la participación mundial, brindando asesoramiento sobre políticas e institucionalización, monitoreo, asistencia técnica y económica, entre otros. Organizaciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han establecido fondos para la construcción de la paz-dos de cinco fondos-que prometen impulsar proyectos socioeconómicos entre las comunidades más afectadas y vulnerables devastadas por la guerra. No obstante, hay que tener en cuenta que ambas instituciones financieras impulsan políticas neoliberalistas desde hace 30 años. Estas promueven la inversión extranjera, apertura a nuevos mercados, fuerza laboral más calificada y menor intervención estatal en el desarrollo económico, algo que los países pretenden acoger y no está del todo mal. Sin embargo, las políticas económicas y financieras guiadas por estos entes pueden representar un reto para la construcción de paz. Pues no solamente se trata de medir el desarrollo con el aumento del PIB, ya que la visión de desarrollo occidental y sinergias globales del mercado guiarán a las empresas a lograr esos propósitos... Debemos, entonces, verificar otros indicadores, más allá del racional económico. Al vivir en tiempos complejos, con altos niveles de tasas de cambio, cambio climático, inestabilidad política, desempleo y un futuro próximo incierto, los esfuerzos de consolidación de la paz deben centrarse en iniciativas inclusivas, sostenibles y efectivas. A pesar de ello, lo que llama mi atención y de alguna forma me preocupa es que la liberalización del mercado y la globalización pueden estar alimentando la aterradora brecha social llamada desigualdad. América Latina y el Caribe (ALC) es una región ejemplar en la injusta redistribución de recursos, que le otorgan posiciones dramáticas en escalafones internacionales. Esta distribución desigual también alimenta trampas de conflicto y reduce la participación de los más necesitados. Por ende, las causas estructurales de los conflictos, como la pobreza, la exclusión política y económica, deben ser atendidas con urgencia, pero nuevamente: bajo un intercambio-tradeoff justo y equitativo. Varios casos de desequilibrios de poder causados ??por la globalización evidencian la crisis del desarrollo contemporáneo. Poderosos países emergentes como Brasil y México nos muestran que la liberalización económica y el crecimiento no parecen estar vinculados. Ambos enfrentan desafíos de desigualdad, mientras que ganan un estatus económico global privilegiado (siendo las economías primera y segunda de ALC en términos de PIB, respectivamente). En comparación con Colombia, estos países no han lidiado con el conflicto armado más largo en el hemisferio occidental y sus consecuencias. Entonces, ¿qué pasaría en una escena posterior al conflicto? Este enfoque breve y un tanto teórico debería hacernos repensar sobre los riesgos asociados a la construcción de la paz y los modelos económicos globales. Con el fin de evitar caer en los posibles efectos secundarios derivados de la inexplorada y multifacética relación entre la globalización y paz, las instituciones deben ser estratégicas en cómo y con quién llevar a cabo estos procesos. Para ustedes dimensionar prácticamente mi observación, ilustro brevemente uno de los muchos casos que podrían servir como ejemplo. La reactivación económica en las zonas rurales afectadas por conflictos en Colombia es una de las prioridades del posconflicto. Según el último informe de DANE en 2018, la pobreza multidimensional alcanzó el 39.9 por ciento en las áreas rurales, aumentando 2.3 puntos porcentuales en comparación con el 2016. Esto parece ir en contra de los resultados esperados por el gobierno y los mecanismos de incentivos fiscales para el desarrollo rural como las ZOMAC (zonas más afectadas por el conflicto armado) y Obras por Impuestos. Estrategias que no solo buscan restaurar y dinamizar la economía, sino también brindar saneamiento, educación, conectividad, etc. Sin embargo, después de un año de implementarlos, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) reveló en febrero de este año que es necesario realizar ajustes a estas políticas. Dentro de las debilidades están; la falta de participación local en las intervenciones, el hecho de que solo el 8 por ciento de las ZOMAC han sido impactadas usando el 88 por ciento de los recursos disponibles, además de disparidades en la asignación de presupuesto en unas regiones más que en otras. De nuevo, un problema de redistribución de poder y recursos. Dada que la construcción de la paz en sí misma es multidimensional, no solo las entidades gubernamentales deben encargarse de balancear la distribución poder y recursos incluyendo la participación de comunidades de base en los procesos de toma de decisiones. El sector privado también desempeña un papel fundamental en la promoción de prácticas comerciales que busquen la cohesión social y mejoren los equilibrios dentro de sus cadenas de valor. Para las multinacionales, esta tarea es aún menos trivial, ya que tienen que comprender el frágil contexto colombiano y ser conscientes de que la competitividad global deja ganadores y perdedores. Y es un momento en el que Colombia quiere ganar y dejar de perder, especialmente restaurando vidas, sueños y protegiendo su biodiversidad. Sin ser menos importantes, están las ONGs locales e internacionales y todas las asociaciones de la sociedad civil que buscan una sociedad en paz, en la que todos ganen. Todos estos actores trabajan vinculados a políticas, convenciones y tratados internacionales, de allí que mi reflexión se enmarque en una visión holística y global.
Recientemente tuve la oportunidad de leer el capítulo de un libro muy interesante que indagaba sobre la fuerte y compleja relación entre construcción de la paz, el crecimiento económico y la globalización. Según académicos y policymakers, uno de los elementos esenciales para superar los conflictos armados ha sido la mejora socioeconómica de los afectados por las hostilidades y la reintegración de los excombatientes. Siguiendo este paradigma, el sector privado está llamado a desempeñar un papel clave en los procesos de consolidación de la paz. El caso de colombiano no es la excepción. El desarrollo económico fue parte fundamental durante los diálogos que llevaron al acuerdo de paz e impregna el acuerdo final, con especial énfasis en el desarrollo agrícola. Por lo tanto, se nos ha vendido la idea de que el dividendo de la paz mejorará los indicadores económicos del país y por defecto, traerá prosperidad social. Sin embargo, no podemos idealizar la mejora económica local y nacional sin evaluar la posición vulnerable de Colombia en los sistemas globales y cómo la globalización impacta las dinámicas de construcción de paz.
El acuerdo firmado entre la guerrilla de las FARC y el Estado fue concebido con el apoyo de la comunidad internacional. Las formas de cooperación multilateral y bilateral evidencian la participación mundial, brindando asesoramiento sobre políticas e institucionalización, monitoreo, asistencia técnica y económica, entre otros. Organizaciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han establecido fondos para la construcción de la paz-dos de cinco fondos-que prometen impulsar proyectos socioeconómicos entre las comunidades más afectadas y vulnerables devastadas por la guerra. No obstante, hay que tener en cuenta que ambas instituciones financieras impulsan políticas neoliberalistas desde hace 30 años. Estas promueven la inversión extranjera, apertura a nuevos mercados, fuerza laboral más calificada y menor intervención estatal en el desarrollo económico, algo que los países pretenden acoger y no está del todo mal. Sin embargo, las políticas económicas y financieras guiadas por estos entes pueden representar un reto para la construcción de paz. Pues no solamente se trata de medir el desarrollo con el aumento del PIB, ya que la visión de desarrollo occidental y sinergias globales del mercado guiarán a las empresas a lograr esos propósitos…
Debemos, entonces, verificar otros indicadores, más allá del racional económico. Al vivir en tiempos complejos, con altos niveles de tasas de cambio, cambio climático, inestabilidad política, desempleo y un futuro próximo incierto, los esfuerzos de consolidación de la paz deben centrarse en iniciativas inclusivas, sostenibles y efectivas. A pesar de ello, lo que llama mi atención y de alguna forma me preocupa es que la liberalización del mercado y la globalización pueden estar alimentando la aterradora brecha social llamada desigualdad. América Latina y el Caribe (ALC) es una región ejemplar en la injusta redistribución de recursos, que le otorgan posiciones dramáticas en escalafones internacionales. Esta distribución desigual también alimenta trampas de conflicto y reduce la participación de los más necesitados. Por ende, las causas estructurales de los conflictos, como la pobreza, la exclusión política y económica, deben ser atendidas con urgencia, pero nuevamente: bajo un intercambio-tradeoff justo y equitativo.
Varios casos de desequilibrios de poder causados ??por la globalización evidencian la crisis del desarrollo contemporáneo. Poderosos países emergentes como Brasil y México nos muestran que la liberalización económica y el crecimiento no parecen estar vinculados. Ambos enfrentan desafíos de desigualdad, mientras que ganan un estatus económico global privilegiado (siendo las economías primera y segunda de ALC en términos de PIB, respectivamente). En comparación con Colombia, estos países no han lidiado con el conflicto armado más largo en el hemisferio occidental y sus consecuencias. Entonces, ¿qué pasaría en una escena posterior al conflicto? Este enfoque breve y un tanto teórico debería hacernos repensar sobre los riesgos asociados a la construcción de la paz y los modelos económicos globales. Con el fin de evitar caer en los posibles efectos secundarios derivados de la inexplorada y multifacética relación entre la globalización y paz, las instituciones deben ser estratégicas en cómo y con quién llevar a cabo estos procesos.
Para ustedes dimensionar prácticamente mi observación, ilustro brevemente uno de los muchos casos que podrían servir como ejemplo. La reactivación económica en las zonas rurales afectadas por conflictos en Colombia es una de las prioridades del posconflicto. Según el último informe de DANE en 2018, la pobreza multidimensional alcanzó el 39.9 por ciento en las áreas rurales, aumentando 2.3 puntos porcentuales en comparación con el 2016. Esto parece ir en contra de los resultados esperados por el gobierno y los mecanismos de incentivos fiscales para el desarrollo rural como las ZOMAC (zonas más afectadas por el conflicto armado) y Obras por Impuestos. Estrategias que no solo buscan restaurar y dinamizar la economía, sino también brindar saneamiento, educación, conectividad, etc. Sin embargo, después de un año de implementarlos, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) reveló en febrero de este año que es necesario realizar ajustes a estas políticas. Dentro de las debilidades están; la falta de participación local en las intervenciones, el hecho de que solo el 8 por ciento de las ZOMAC han sido impactadas usando el 88 por ciento de los recursos disponibles, además de disparidades en la asignación de presupuesto en unas regiones más que en otras. De nuevo, un problema de redistribución de poder y recursos.
Dada que la construcción de la paz en sí misma es multidimensional, no solo las entidades gubernamentales deben encargarse de balancear la distribución poder y recursos incluyendo la participación de comunidades de base en los procesos de toma de decisiones. El sector privado también desempeña un papel fundamental en la promoción de prácticas comerciales que busquen la cohesión social y mejoren los equilibrios dentro de sus cadenas de valor. Para las multinacionales, esta tarea es aún menos trivial, ya que tienen que comprender el frágil contexto colombiano y ser conscientes de que la competitividad global deja ganadores y perdedores. Y es un momento en el que Colombia quiere ganar y dejar de perder, especialmente restaurando vidas, sueños y protegiendo su biodiversidad. Sin ser menos importantes, están las ONGs locales e internacionales y todas las asociaciones de la sociedad civil que buscan una sociedad en paz, en la que todos ganen. Todos estos actores trabajan vinculados a políticas, convenciones y tratados internacionales, de allí que mi reflexión se enmarque en una visión holística y global.
