Un escenario que ha reavivado la discusión sobre la necesidad de fortalecer el gobierno corporativo de las empresas públicas y las reglas que orientan su administración de largo plazo. Ese es precisamente el debate que plantea un informe elaborado por el Centro de Estudios de Gobierno Corporativo de la Universidad de los Andes, construido por 18 expertos, entre los que se destacan exministros y exmiembros de juntas directivas de compañías como ISA y Ecopetrol, quienes proponen una hoja de ruta para modernizar la gestión de las empresas con participación estatal en Colombia. Un documento que, además, ya fue puesto en conocimiento del vicepresidente, José Manuel Restrepo, y su equipo como un insumo para la formulación del próximo Plan Nacional de Desarrollo.
Y es que en Colombia las empresas que cuentan con participación estatal juegan un papel crucial para la economía nacional, con participación en sectores como la infraestructura, energía, finanzas, comunicaciones, seguros y transporte. Empresas que generan empleo formal a escala, le sirven al Estado para traducir políticas públicas en realidades para sus ciudadanos —vías, infraestructura energética, financiamiento al agro, servicios educativos y de salud, por mencionar algunas— y que, en últimas, mueven mucho dinero: el 8,4 % del PIB corresponde a los ingresos de estas entidades.
Este contexto hace que no sea un tema menor preguntarse cómo y bajo qué reglas se administran estos activos públicos y si el Estado cuenta con una arquitectura institucional capaz de proteger su valor, independientemente del gobierno de turno. Bajo esa premisa, el grupo de expertos convocado por la Universidad de los Andes revisó los avances y desafíos del gobierno corporativo estatal y formuló una serie de recomendaciones para fortalecer la gestión de estas organizaciones.
La principal conclusión del diagnóstico es que el problema no es que en el país falten normas, sino que sobran reglas dispersas y poco articuladas. Hoy las empresas estatales funcionan bajo lógicas distintas —unas como entidades públicas tradicionales, otras como compañías que compiten en el mercado— sin que exista una visión clara y coherente de lo que significa que el Estado actúe como propietario.
El ejemplo de Ecopetrol
Para Óscar Pardo Aragón, profesor asociado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y director del Centro de Estudios de Gobierno Corporativo, el balance de los últimos cuatro años, por ejemplo, muestra luces y sombras en este tema. Si bien los marcos institucionales evitaron cambios de fondo en entidades como el Banco de la República, donde la autonomía constitucional se mantuvo intacta, también hubo retrocesos en materia de gobierno corporativo en varias empresas estatales.
«Las reglas de juego permitieron que muchas instituciones conservaran su independencia, pero en gobierno corporativo sí vimos retrocesos. Aspectos que se habían logrado fortalecer, como contar con perfiles adecuados en las juntas directivas, minimizar conflictos de interés o garantizar la participación de miembros independientes, mostraron un retroceso»,
afirma el profesor Pardo Aragón.
El académico señala que Ecopetrol es uno de los ejemplos más visibles. Recordó que, tras las recomendaciones formuladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se había avanzado en reducir la presencia de altos funcionarios del Gobierno en la junta directiva para fortalecer su independencia. Sin embargo, esa práctica cambió durante los últimos años.
«Se había tomado la decisión de que los ministros dejaran de integrar las juntas directivas por recomendación de la OCDE, pero eso se revirtió y volvieron a participar miembros del Gobierno. Eso genera una concentración de poder que dificulta el balance, el debate y la diversidad de criterios dentro de la junta»,
explica el profesor Pardo Aragón.
En ese contexto, sostiene que la actual coyuntura de Ecopetrol demuestra la importancia de contar con órganos de gobierno fuertes e independientes. A su juicio, una junta directiva con perfiles estratégicos y autonomía frente al poder político tiene mayores herramientas para actuar oportunamente cuando surgen riesgos reputacionales o decisiones que puedan afectar el valor de la compañía.
El profesor también advierte que uno de los principales desafíos para el nuevo Gobierno será evitar que la estrategia de empresas como Ecopetrol cambie cada cuatro años con el relevo presidencial.
«Los planes de desarrollo duran cuatro años, pero las estrategias empresariales tienen horizontes mucho más largos. Es necesario crear mecanismos que permitan armonizar ambas visiones para que proyectos como la transición energética o las grandes inversiones mantengan continuidad y no cambien de rumbo con cada gobierno»,
afirma el experto.
Aunque reconoce que, en este caso, el relevo presidencial representa una oportunidad para fortalecer la gobernanza de las empresas estatales, insiste en que las reformas deben trascender las coyunturas políticas, como señala el informe del Centro de Estudios de Gobierno Corporativo de Uniandes.
Crear una Unidad de Propiedad
El eje central de las recomendaciones del informe es la creación de una Unidad de Propiedad Estatal: un organismo técnico, con autonomía operativa, presupuestal y financiera, encargado de ejercer el rol del Estado como propietario de sus empresas y de asegurar que las decisiones estratégicas respondan a criterios de sostenibilidad y generación de valor público.
La propuesta busca que esa unidad opere bajo una lógica similar a la del Banco de la República, con independencia frente a las presiones políticas de corto plazo y capacidad para hacer seguimiento permanente al desempeño de las empresas estatales.
Para el profesor Pardo Aragón, esta es una de las recomendaciones más importantes del documento que el Centro de Estudios hizo llegar al presidente De la Espriella y a su equipo de gobierno:
«La Unidad de Propiedad tendría la posibilidad de administrar de manera técnica la propiedad estatal, evaluar permanentemente su desempeño, consolidar un banco de candidatos para juntas directivas y establecer reglas claras para el ingreso, permanencia y evaluación de sus integrantes»,
explica el experto.
La propuesta también busca profesionalizar la elección y evaluación de las juntas directivas. Para ello, los expertos recomiendan crear procesos meritocráticos y transparentes, que al menos el 75 % de los miembros de las juntas sean independientes y que exista una política clara de diversidad y participación femenina. A esto se sumarían evaluaciones periódicas de desempeño y la publicación anual de resultados financieros y cumplimiento de objetivos públicos, con el fin de fortalecer la rendición de cuentas y reducir la interferencia política.
La intención final, concluyen los expertos, es pasar de un modelo fragmentado y reactivo a uno más técnico, transparente y de largo plazo, alineado con estándares internacionales de gobernanza. La coyuntura de Ecopetrol, que coincide con el inicio del nuevo Gobierno y la renovación de parte de su dirección, pone a prueba precisamente esa discusión.
Para el profesor Pardo Aragón, el reto no es únicamente resolver la situación de una empresa en particular, sino aprovechar el cambio de administración para consolidar reglas que fortalezcan el gobierno corporativo de todas las empresas estatales.
«Las personas pasan y los gobiernos cambian, pero las instituciones deben permanecer. Si queremos empresas públicas más sólidas, competitivas y transparentes, necesitamos reglas que trasciendan los ciclos políticos y permitan construir sobre lo ya avanzado, en lugar de empezar de cero cada cuatro años»,
concluye el experto.
Si desea ver el informe completo, puedes consultarlo en: https://cegc.uniandes.edu.co/publicaciones/
